PODER  AUTONÓMICO  A  CAMBIO  DE  EFICIENCIA ECONÓMICA

Jesús Lizcano Alvarez

Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid

         Aprovechando el pretexto que suponen los resultados de las pasadas elecciones, se les presenta ahora a los políticos españoles una oportunidad histórica para obtener a nivel económico, una verdadera mejora o "juego de suma positiva" para la sociedad española en su conjunto.

         Es ésta una clave que, a nuestro juicio, debe orientar los pactos que la actual coyuntura política parece imponer entre la fuerza política ganadora y aquellas fuerzas nacionalistas con postulados económicos no muy diferentes a ella. El buscar en el pacto un mero juego de "suma nula" entre las partes, esto es, un falso equilibrio en el que resultasen beneficiados unos a costa de perder otros dentro del conjunto global, representaría, en términos de oportunidad, un verdadero retroceso histórico. Se trata de lograr que todos ganen algo, si bien resulte quizá inevitable que lo que ganen unos no sea lo mismo que lo que ganen otros.

         El único camino para conseguir el citado objetivo, es que el pacto conlleve una ganancia colectiva contra un enemigo común: la ineficiencia económica, esto es, el derroche de recursos públicos. En la esfera privada cada uno puede ser más o menos dueño de derrochar sus recursos, pero en el sector público ello no es realmente de recibo, y ese "sida económico" que supone la ineficiencia, ha de ser combati­do colectiva­mente hasta el límite de lo posible.

         Es necesario conseguir, por tanto, que la partida y la contraparti­da en el intercambio que supone todo pacto, no suponga sencilla­mente una entrega de poder a cambio de apoyo o de votos en la aritmética parlamentaria, sino que la partida que supone una descentralización del poder político y económico hacia las autono­mías, vaya acompañada y condicionada por la contrapartida de un incremento más que propor­cional en la eficiencia y aprovechamien­to de esos nuevos recursos financieros que se descentralizan, o dicho más concretamente, que se pudiera hacer una entrega de competencias proporcionalmente mayor, en términos económicos, que la cantidad de recursos que se pudieran transferir como acompañamiento de las mismas, con lo cual sería posible obtener con visos de permanencia un ahorro global en el gasto público agregado, que supondría un buen balón de oxígeno para las cuentas y el déficit públicos, en un momento tan importante como éste, ante las puertas de una verdadera Europa, integrada económica y monetariamente.

         No es válido el pretexto de que este intercambio entre el poder político central y los poderes autonómicos resulta complicado, ya que mediante la selección de no ás de una docena de importantes variables o elementos a transferir y a controlar ulte­riormente por las diversas autoridades públicas, los políticos podrían diseñar un adecuado camino de partida para un buen logro: Acercar geográficamente algo más el poder de decisión a los ciudadanos, que son quienes realmente mandan, controlan­do a los distintos responsables públicos a través de las urnas.

         Además, se podría así mitigar esa equívoca y perversa visión de que se trata de una claudicación o "entrega" de poder desde "España" hacia las: Cataluña, País Vasco, Galicia, etc. En este sentido, resulta imprescindible llegar a un convencimiento por parte de todos de que no se hace otra cosa que repartir algo más la gestión y el aprovecha­miento de los recursos colectivos entre los distintos niveles de la Administración Pública, cuyos representantes son -tanto en unos niveles como en otros- aquellos que eligen democrática­mente los ciudadanos españoles, y que todo lo señalado constituiría un proceso que, si se llega a hacer bien, puede suponer una ocasión histórica para fomentar la competencia y el aumento de la eficiencia económica en el sector público español, que de verdad lo necesita. La ocasión está servida.