ESCAPARATE sobre ECONOMÍA, EMPRESA Y SOCIEDAD
|
PODER AUTONÓMICO A CAMBIO DE EFICIENCIA ECONÓMICA
Jesús Lizcano Alvarez
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
Aprovechando el pretexto que suponen los resultados de las pasadas
elecciones, se les presenta ahora a los políticos españoles una oportunidad
histórica para obtener a nivel económico, una verdadera mejora o "juego
de suma positiva" para la sociedad española en su conjunto.
Es ésta una clave que, a nuestro juicio, debe orientar los pactos que la
actual coyuntura política parece imponer entre la fuerza política ganadora y
aquellas fuerzas nacionalistas con postulados económicos no muy diferentes a
ella. El buscar en el pacto un mero juego de "suma nula" entre las
partes, esto es, un falso equilibrio en el que resultasen beneficiados unos a
costa de perder otros dentro del conjunto global, representaría, en términos
de oportunidad, un verdadero retroceso histórico. Se trata de lograr que todos
ganen algo, si bien resulte quizá inevitable que lo que ganen unos no sea lo
mismo que lo que ganen otros.
El único camino para conseguir el citado objetivo, es que el pacto
conlleve una ganancia colectiva contra un enemigo común: la ineficiencia económica,
esto es, el derroche de recursos públicos. En la esfera privada cada uno puede
ser más o menos dueño de derrochar sus recursos, pero en el sector público
ello no es realmente de recibo, y ese "sida económico" que supone la
ineficiencia, ha de ser combatido colectivamente hasta el límite de lo
posible.
Es necesario conseguir, por tanto, que la partida y la contrapartida en
el intercambio que supone todo pacto, no suponga sencillamente una entrega de
poder a cambio de apoyo o de votos en la aritmética parlamentaria, sino que la
partida que supone una descentralización del poder político y económico hacia
las autonomías, vaya acompañada y condicionada por la contrapartida de un
incremento más que proporcional en la eficiencia y aprovechamiento de esos
nuevos recursos financieros que se descentralizan, o dicho más concretamente,
que se pudiera hacer una entrega de competencias proporcionalmente mayor, en
términos económicos, que la cantidad de recursos que se pudieran transferir
como acompañamiento de las mismas, con lo cual sería posible obtener con visos
de permanencia un ahorro global en el gasto público agregado, que supondría un
buen balón de oxígeno para las cuentas y el déficit públicos, en un momento
tan importante como éste, ante las puertas de una verdadera Europa, integrada
económica y monetariamente.
No es válido el pretexto de que este intercambio entre el poder político
central y los poderes autonómicos resulta complicado, ya que mediante la
selección de no ás de una docena de importantes variables o elementos a
transferir y a controlar ulteriormente por las diversas autoridades públicas,
los políticos podrían diseñar un adecuado camino de partida para un buen
logro: Acercar geográficamente algo más el poder de decisión a los
ciudadanos, que son quienes realmente mandan, controlando a los distintos
responsables públicos a través de las urnas.
Además, se podría así mitigar esa equívoca y perversa visión de que
se trata de una claudicación o "entrega" de poder desde
"España" hacia las: Cataluña, País Vasco, Galicia, etc. En este
sentido, resulta imprescindible llegar a un convencimiento por parte de todos de
que no se hace otra cosa que repartir algo más la gestión y el
aprovechamiento de los recursos colectivos entre los distintos niveles de la
Administración Pública, cuyos representantes son -tanto en unos niveles como
en otros- aquellos que eligen democráticamente los ciudadanos españoles, y
que todo lo señalado constituiría un proceso que, si se llega a hacer bien,
puede suponer una ocasión histórica para fomentar la competencia y el aumento
de la eficiencia económica en el sector público español, que de verdad lo
necesita. La ocasión está servida.