LA
MEJOR SALIDA:
UN PACTO
POR LA
PRODUCTIVIDAD
Jesús
Lizcano Alvarez
(Diario
El País: 26 de Octubre de 1993)
El insufrible nivel de desempleo al que se ha llegado en nuestro país ha
determinado la urgente necesidad de ese pacto que están buscando actualmente el
conjunto de los agentes sociales y el Gobierno. Las posturas que se han
comenzado a barajar han hecho surgir las primeras fricciones, propias de esa
tendencia natural de unos y otros a buscar lo más parecido a una pool position
de cara a la próxima salida en ese circuito que se supone será el nuevo marco
socioeconómico resultante del pacto, y que en todo caso el Gobierno habría de
pavimentar adecuadamente para facilitar una circulación por el mismo lo más
fluida posible.
Un problema que se puede presentar en esta fase inicial de las
negociaciones es que algunos de los empujones y codazos que se dén las partes
implicadas lleguen a dejar huella, o lo que es peor, que de este intercambio de
pareceres resulten unos vencedores y unos vencidos. Quisiéramos resaltar a este
respecto que en muchas ocasiones las soluciones más obvias y simples resultan
tan naturales como efectivas, y que en este sentido se deberían intentar
sustituir empujones y codazos por un arrimar el hombro y empujar hacia adelante,
o lo que es lo mismo, que se hace tan necesario como urgente un pacto por la
productividad que encamine todos los esfuerzos hacia un mismo objetivo,
que es luchar contra el enemigo común: la ineficiencia económica; se podría
obtener con ello un efecto multiplicador en el resultado de esos esfuerzos en
lugar del efecto drenaje que inevitablemente surge de las fricciones e imposición
mutua de unas condiciones contrarias a la sinergia.
Hay que recordar que en este terreno hay margen de actuación más que
suficiente, ya que la productividad en nuestro país no llega al 70% del nivel
medio de la CEE. No es que se trate de intentar llegar al nivel de productividad
de países como Luxemburgo (130%), Alemania (116%), o Francia (113%), sino de
intentar salir de ese 70% y acercarnos al 100% del promedio comunitario; en la
medida que nos aproximemos a este promedio se habrá ganado colectivamente a la
ineficiencia, sin que por ello llegue a perder -más bien todo lo contrario-
ninguno de los estamentos implicados. Otra cosa será la negociación del
reparto de esa ganancia, que bien podría distribuirse de forma equitativa entre
los trabajadores activos y las empresas, beneficiándose a la postre la
creciente bolsa de trabajadores desempleados, que con el crecimiento de la
producción y de la actividad generados, y la reinversión de los mayores márgenes
obtenidos, podría disminuir a medio plazo.
Uno de los ejes centrales sobre los que versan las negociaciones para el
pacto entre patronal y sindicatos se viene limitando a una discusión sobre el
reparto o redistribución de la renta generada en el sistema económico,
esgrimiendo los empresarios, por una parte, el objetivo de congelar o moderar
las rentas de los trabajadores, y persiguiendo los sindicatos, por otra parte,
la moderación de las rentas de las empresas, o al menos, de la parte que
finalmente se distribuye a sus propietarios. Sin que deje de ser tan lógica
como razonable esa confrontación respecto a quien se lleva una parte mayor o
menor del pastel de la renta global, nos parece que el camino más factible ha
de ser la búsqueda de aumento del pastel a repartir, y ello se conseguirá
logrando un incremento de la productividad -y por tanto de la competitividad- de
las empresas.
Una cuestión fundamental a aclarar en este sentido es que aunque
efectivamente las empresas vienen en general incrementando su productividad en
estos últimos tiempos, lo vienen haciendo a base de despedir trabajadores, de
no renovar contratos o no sustituir las bajas laborales vegetativas, llegando así
a reducir costes en mayor proporción que lo que dismimuye la producción y las
ventas, lo cual origina lógicamente un incremento de productividad, pero se
trata de un simple cambio de productividad por empleo, lo cual no deja de
ser una solución precaria, ya que ello ha venido generando un notable
aumento de la población pasiva que al final ha determinado una situación
insostenible para el déficit público, y que se ha de resolver, bien aumentando
las cargas fiscales o las cotizaciones a la Seguridad Social (lo cual perjudica
tanto a los trabajadores como a las empresas), o bien recortando drásticamente
las prestaciones sociales, lo que perjudica precisamente a los más
desfavorecidos, y viene además a mermar la capacidad de consumo y de demanda
interna, y esto, salvo que la situación cambiaria y los mercados exteriores estén
en una situación muy favorable, perjudicará igualmente a las empresas.
Pensamos que la actual vía de cambiar productividad por empleo ha de
quedar por tanto necesariamente superada en aras de un incremento más real y sólido
de la productividad. Para avanzar en este terreno, más que reducir los gastos
de personal globales de la empresa, es realmente sustancial reducir los costes
laborales unitarios, esto es, aquellos que lleva cada unidad de producto (bien o
servicio) fabricado o vendido. La consecución de este objetivo se podría
comenzar a abordar en muchas empresas vinculando las subidas salariales a la
productividad o a los resultados de la empresa, en lugar de indizarlas con la
inflación. Debería ser posible, además, llegar a establecer algún tipo de
acuerdo en las empresas con el fín de asegurar un destino productivo de aquella
parte o porcentaje del incremento obtenido de la productividad que se queda en
la empresa.
Se trata, en definitiva de que se estableciera un objetivo claro en el
pacto: conseguir un aumento de los salarios reales pero inferior al aumento
de la productividad. No cabe duda que alcanzando este objetivo podrían
satisfacerse en buena medida las aspiraciones tanto de las empresas como de los
sindicatos.
En aquellas empresas en las que no fuera fácil cuantificar el aumento de
productividad de algunos trabajadores o del conjunto de los mismos, se podría
establecer como retribución un porcentaje -bien del importe o bien del
incremento- de los Resultados de la empresa, en lugar de la productividad, lo
cual viene a tener un carácter más colectivo y uniforme para los trabajadores
de la misma. Se trataría en este caso de un acercamiento, por ejemplo, a los
sistemas de fondos de participación en beneficios existentes en países como
Gran Bretaña.
Otra variante, ya más propia de la forma de pagar que de la de remunerar
a los trabajadores, radicaría en vincularla, en vez de a la renta, al propio
patrimonio de la empresa, esto es, el pago mediante la entrega de acciones o
participaciones en el capital, con lo cual el estamento del personal podría
llegar a participar en la gestión a través de la propiedad de una parte de
dicho capital. Este es un sistema muy extendido en Estados Unidos y claramente
incentivado desde un punto de vista fiscal por la Administración norteamericana
(lo mismo que en Gran Bretaña ocurre con el mencionado sistema de participación
en beneficios).
Otro tema importante, de cara a la racionalización de los costes de
personal, es el alto coste de los despidos (400.000 millones en 1992) que opera
sustancialmente como variable decisoria negativa a la hora de emprender la
contratación de trabajadores de tiempo indefinido por parte del empresario.
Ello viene a originar un incremento sensible de la ya alta rotación laboral que
se registra en las empresas españolas dada la sucesiva sustitución de
trabajadores con contratos temporales, lo cual dificulta una aplicación
suficientemente dilatada del efecto curva de aprendizaje e impide por tanto un
adecuado aumento de la productividad, además de convertir en pérdidas muchos
gastos de formación de las empresas que podrían haber tenido en otro caso la
consideración real de inversiones.
El alto coste del despido puede originar, en definitiva, efectos nocivos
tales como una resistencia de las empresas a invertir en formación -variable ésta
realmente estratégica-, aparte de otro efecto importante como es el de mantener
en plantilla trabajadores escasamente productivos, pero cuyo coste de despido no
quiere o no puede afrontar la empresa, constituyendo ello una asignación no
eficiente de recursos y por tanto otro lastre para el nivel de productividad
empresarial.
Como corolario de estas líneas no nos queda sino resaltar la necesidad
de incrementar la motivación de los empresarios (tanto actuales como
potenciales) para llevar a cabo la contratación de trabajadores -son ellos en
definitiva los que contratan, operando directamente en el número de
desempleados- y ello se logrará facilitando la minimización del riesgo de
estas decisiones, lo cual dependerá en buena medida de los costes de carácter
fijo que acarreen las mismas. Se hace necesario, por tanto, minimizar los costes
tanto de inicio como sobre todo de finalización de la relación laboral, lo
cual podría contribuir al incremento de la contratación de trabajadores por
tiempo indefinido, mucho más productivos a largo plazo para la empresa, así
como para el Estado, ya que no olvidemos que por cada período de tiempo
trabajado se está devengando día a día un alto coste en concepto de la
correspondiente subvención o subsidio, coste éste muy elevado que podría
ahorrarse el Estado y en definitiva la sociedad si los trabajadores llegan a
culminar su vida laboral en las empresas sin pasar por la situación de
desempleados.